viernes, 28 de mayo de 2010

Utimátum para restaurar en tres meses el coso taurino de Aranda de Duero





El equipo de gobierno municipal ha descartado disponer la demolición de las instalaciones como proponía la letrada urbanista y conceder un nuevo plazo ‘de gracia’ improrrogable

Tres meses improrrogables. Ese es el plazo que la Junta de Gobierno Local acordó conceder ayer a Toros Ricor S.L. para proceder a restaurar la legalidad urbanística de la Plaza de Toros Cubierta Ribera del Duero descartando la solución propuesta por la letrada urbanista de proceder a derribar las instalaciones e instando al promotor a acometer las actuaciones y modificaciones necesarias para adecuar el proyecto ejecutado a la licencia ambiental y de obras concedida el 31 de agosto de 2004.

El concejal de Urbanismo, Eusebio Martín, defendió esta decisión, que fue informada favorablemente en la Comisión de Obras con los únicos votos del PSOE ya que el resto de los grupos se abstuvo pese a coincidir con el equipo de gobierno en el planteamiento de que derruir el coso en su totalidad sería una aberración.

«Nos parecía una barbaridad plantear la posibilidad de que la restauración de la legalidad supusiese demoler toda la plaza de toros. El acuerdo de la Junta de Gobierno es que efectivamente no se vaya a demoler más que lo que no cumple la estricta legalidad y que evidentemente en procedimiento de restauración de la legalidad se cumplan no solo la eliminación de aquellos elementos que no cumplen, sino que se pongan los que faltan», justificó

Martín reconoció que el plazo legal establecido para restaurar la legalidad en el expediente abierto en marzo de 2008 ya se ha cumplido con creces, dado que el 21 de agosto de 2008 se fijaron tres meses y prácticamente solo procedió a rebajar una altura la vivienda del guardés y retranqueó la alineación.

Sin embargo informó que se ha optado por determinar este nuevo periodo ‘de gracia’ que servirá asimismo para que los técnicos municipales realicen una valoración del coste económico que supondrían los trabajos necesarios para legalizar urbanísticamente la plaza, cuya realización ya ha acordado encargar la Junta de Gobierno Local, con el fin de que, en el caso de que el promotor no atienda el requerimiento, bien ejecutarlos directamente el Ayuntamiento de manera subsidiaria, con lo que posteriormente le pasaría la factura, o iniciar el procedimiento de imposición de multas coercitivas hasta que se legalice. «En función de lo que pase en los próximos meses tomaremos una decisión, pero el equipo de gobierno es en estos momentos más partidario de la segunda opción», reveló el edil.

Entre los incumplimientos del proyecto de ejecución aprobado y de las condiciones impuestas en la licencia figuran la obligación de dotar al recinto de una aparcamiento con 300 plazas. Además se deberá reducir el aforo, ya que el graderío tiene capacidad para 5.978 espectadores y el proyecto establecía 5.145, que la asignación de los vomitorios podría ocasionar serias confusiones de cara a una evacuación de emergencia o que algunas escaleras no cumplen los anchos mínimos y no absorberían el número de espectadores asignados.

Asimismo, la salidas habilitadas son para un aforo máximo de 5.000 personas, 6.000 en el caso de usos alternativos con presencia de escenario cuando existe una capacidad para 6.407 espectadores entre el graderío y el albero. El proyecto de electrificación no incluye las condiciones impuestas para la enfermería, falta por justificar el cumplimiento del alumbrado de emergencia en la zona del coso y los cuadros eléctricos no cumplen al ser accesibles al público.

De cara a ajustarse al reglamento taurino deberán ampliarse las dimensiones del ruedo, previsiblemente a costa de eliminar parte del tendido, ya que el ruedo más el callejón alcanzan un diámetro de 46 metros, cuando solo el ruedo debería medir entre 45 y 60, deberá variarse la disposición de los burladeros, que no son equidistantes y deberá dotarse de desagüe al desolladero.

Diario de Burgos

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